Por Clemente Polo

Llama la atención el revuelo que ha causado el President de la Generalitat, Sr. Montilla al afirmar en el debate de política general en el Parlament de Cataluña que “no vamos a ninguna parte si perdemos el tiempo en falsos dilemas" y, uno de esos falsos dilemas es, al parecer, presentar como excluyente la dualidad Cataluña-España. Estamos, por una vez, plenamente de acuerdo con el Sr. Montilla. Quiénes no parecen estarlo tanto son sus socios de Gobierno de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los nacionalistas de Convergencia i Unió, pues al tiempo que demandan más inversiones del Estado en Cataluña apoyan con entusiasmo el referéndum de autodeterminación que el Sr. Ibarretxe se propone realizar en El País Vasco en octubre de 2008 y proyectan realizar un referéndum en Cataluña en 2012, una vez, eso sí, finalizado el plan de siete años de inversiones extraordinarias del Estado en Cataluña previsto en la disposición adicional tercera del Estatut aprobado en 2006.

El cáncer nacionalista instalado en el Gobierno del Sr. Montilla no se cura con tibias declaraciones como las realizadas por el Sr. President de la Generalitat en el Parlament de Cataluña, pues su falta de claridad y coraje ni sirven para apagar los efluvios religiosos de sus socios de Gobierno de ERC, ni satisfacen a quiénes consideramos la Constitución de 1978 punto de partida y base de convivencia entre todos los ciudadanos españoles que no necesitamos, para sentirnos ciudadanos, dilucidar si Viriato era tarraconense o bético. El antídoto con el que el Sr. Montilla intenta paliar los síntomas de la metástasis nacionalista que sufre su Gobierno –su apuesta por la "normalidad", la "seriedad" y una extensa agenda social- carece de efectividad, más allá del interés republicano en atraer todos los fondos posibles del Estado para mejor gloria de Cataluña, su partido y sus afiliados.

Cuenta Vd. en su Gobierno, Sr. Montilla con demasiados sacerdotes que utilizan algunas figuras trágicas y algunos hechos históricos lamentables -Casanovas, Maciá, la dictadura franquista, etc.- para agitar a los adoradores de becerros y azuzar su belicosidad contra el resto de los españoles que contemplan atónitos como en Cataluña se veja la imagen del Jefe del Estado y se queman banderas españolas ante la pasividad de la policía autonómica y del Conseller responsable. ¿Se imaginan Vds. el escándalo que habrían montado los nacionalistas en Cataluña si los madrileños hubieran quemado en la plaza del 2 de Mayo la imagen del Sr. Montilla y la bandera catalana ante la mirada de la policía nacional y la pasividad del Sr. Rubalcaba? Habríamos escuchado tonterías como España ni quiere, ni respeta a Cataluña, etc. Aunque nada me extrañaría que de puertas a dentro se hubieran alegrado porque “todo aquello que aumenta la confrontación con España es bueno para su proyecto de Cataluña”. Lo importante y que conviene resaltar es que estos espectáculos lamentables, goeblianos en su inspiración y propios de los regímenes totalitarios, son afortunadamente patrimonio exclusivo de los nacionalistas catalanes y vascos.

Los españoles que vivimos en Cataluña y en el resto de España esperamos de Vd. Sr. Montilla, un hombre de identidad pública mestiza –hasta donde sé cordobesa, cornellanense, madrileña y barcelonesa- diga alto y claro cuál es su proyecto para Cataluña. O, ¿acaso comparte en la intimidad la posición de ERC cuyos diputados, además de no aplaudir su discurso, le reprocharon a través de su portavoz, Sr. Ridao, que el proyecto de Cataluña “va más allá del marco estatutario”, que traducido al español paladino quiere decir independencia? Además de pedir tímidamente, Honorable President, que en Cataluña se acaten los símbolos constitucionales, como si no fuera con Vd. la cosa, debería también dejar muy claro que Cataluña y su Gobierno son instituciones constitucionales, como tantas otras que conforman el Estado español y entre las cuáles están –le recuerdo- la Monarquía, el Congreso, el Gobierno y, por qué no decirlo también, el Consejo de Política Económica y Fiscal que es, donde los representantes de todas las CCAA deben decidir y aprobar conjuntamente la financiación autonómica.