1. Regeneración Democrática (RED) es una Asociación de ámbito nacional que nace con el compromiso de aportar nuevas ideas, impulsar nuevas políticas y restituir el principio de realidad en la política española. Frente al agotamiento de unos discursos políticos que soslayan los verdaderos problemas de los ciudadanos, RED reafirma las ideas de modernidad que inspiraron las revoluciones populares de los siglos XVIII y XIX y propugna la actualización y recuperación de los principios y valores que nos ha legado la mejor tradición política europea desde entonces, a saber, los del liberalismo progresista y socialismo democrático. En síntesis, estos principios se resumen en tres: la promoción de las libertades, especialmente las de pensamiento, expresión y asociación, la promoción de la igualdad efectiva de oportunidades y el fortalecimiento de la solidaridad entre todos los ciudadanos y Estados.

2. Para RED, la libertad de pensamiento conjugada con el ejercicio de la razón humana constituye la base de la creatividad individual, de la autonomía personal y del progreso social. Por ello, RED considera vital promover la libertad y la aproximación racional a la realidad, sin otras limitaciones que las impuestas por el respeto a la libertad de los demás y las leyes vigentes. Estos son los fundamentos intelectuales de la acción política de RED orientados a la búsqueda de la verdad. Consecuente con ellos, RED rechaza aquellas doctrinas que anteponen los derechos de entes colectivos -pueblos, etnias, clases sociales, organizaciones religiosas, etc.- a los derechos individuales, o suplantan el análisis metódico y racional de la realidad por creencias o pseudoteorías como el historicismo en sus distintas versiones laicas o religiosas.

3. RED considera plenamente vigente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que otorga a cada ser humano ciertos derechos por el mero hecho de serlo, con independencia de su raza, sexo, lengua en que se exprese, lugar de residencia, extracción social, creencias religiosas, concepciones políticas, etc. Por ello, todos los Estados y organizaciones políticas, religiosas y sociales están obligados a adaptar las leyes y normas por las que se rigen para garantizar el cumplimiento de los derechos universales del hombre.

4. Por ello, RED estará siempre al lado de la víctima y en contra del agresor, y condenará a todos los individuos, asociaciones, organizaciones terroristas, milicias, cuerpos de seguridad y fuerzas armadas que, contraviniendo los Derechos Universales, las convenciones y tratados internacionales y la legalidad vigente en cada Estado, empleen la fuerza y la tortura, no digamos ya el asesinato individual o masivo, para doblegar la voluntad de otros seres humanos en aras de alcanzar sus fines. Frente a la actuación delictiva de quiénes desde el seno de organizaciones terroristas y criminales o con el apoyo de éstas, pretenden imponer sus ideas y modos de vida, RED exige la aplicación estricta de la ley y el cumplimiento íntegro de las penas, y rechaza cualquier contrapartida política en un eventual proceso de negociación con los terroristas.

5. Desde esta perspectiva, RED no es neutra ante los valores y abraza una moral secular sustentada en la dignidad inalienable de cada persona: su derecho a llevar una existencia digna, a desarrollar todas sus potencialidades creativas y a buscar su propia felicidad, sin menoscabo del idéntico derecho que asiste a sus semejantes. En el mundo actual donde prevalece una gran desigualdad, la solidaridad entre los ciudadanos y los Estados resulta indispensable para alcanzar estos objetivos, tanto a escala local como planetaria.

6. Para RED, la democracia participativa, caracterizada por la independencia de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y la elección de los representantes políticos de los ciudadanos mediante sufragio universal, constituye el modelo de organización política más efectivo para conseguir que los responsables políticos acepten los principios y derechos esenciales antes enunciados, acaten los tratados y leyes vigentes y respondan ante los tribunales en caso contrario.

7. RED, consciente del delicado momento que atraviesa el modelo constitucional español, se compromete solemnemente con sus asociados y simpatizantes a mantener un escrupuloso comportamiento democrático, desarrollar un programa de acción política coherente con los principios enunciados en este Ideario y colaborar en España, la Unión Europea y otros organismos internacionales, con otros asociaciones y partidos políticos que compartan objetivos similares. Este es nuestro compromiso moral: representar con fidelidad las procupaciones de los ciudadanos y defender sus intereses con la razón de nuestros principios, sin olvidar que hoy, más que nunca, somos ciudadanos del mundo.

8. La concepción de un patriotismo cívico, respetuoso y garante de la pluralidad, lleva a RED a defender la idea de España como una nación de ciudadanos iguales en derechos, deberes y libertades, una nación integrada por Comunidades dotadas de autonomía en el marco de la Constitución, y cuyos intereses generales se determinan mediante instituciones democráticas que excluyen cualquier monopolio sectario en la definición del bien común.

9. La Constitución de 1978, fruto del consenso entre la práctica totalidad de partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento histórico, sentó las bases para el establecimiento de una democracia sólida y duradera en España por primera vez en su historia. Por ello, RED reafirma la validez de la ley fundamental vigente como la norma institucional básica para ordenar la convivencia entre todos los españoles, aunque está abierto a introducir reformas constitucionales siempre que éstas sirvan para promover las libertades, la equidad y la solidaridad y aumentar la cohesión del Estado de las Autonomías y de la Unión Europea.

10. En particular, RED reafirma la validez de la definición de España como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad y el pluralismo político, la igualdad y la justicia y deposita la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía nacional es indivisible.

11. RED considera imprescindible que para garantizar el ejercicio pleno de la libertad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos se fortalezca la autonomía de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Por ello, RED apoya todas las iniciativas encaminadas a hacer del Parlamento el centro de la vida política, a fin de que pueda controlar efectivamente al poder ejecutivo, así como aquellas otras dirigidas a proteger y fortalecer la independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes.

12. En consonancia con la idea central de nuestra Constitución según la cual el poder emana del pueblo español, RED es partidario de que tanto las instituciones representativas del Estado como las de las comunidades autónomas y las locales, reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas, apoyando todas las reformas encaminadas a conseguir este objetivo y, muy en particular, la reforma de la Ley Electoral, para garantizar que el voto de cada ciudadano en cualquier territorio tenga el mismo valor.

13. RED respaldará cualquier iniciativa ciudadana o legislativa concebida con el propósito de aumentar la responsabilidad de los representantes políticos en general y, muy especialmente, las que pretendan incrementar la responsabilidad su responsabilidad frente a sus votantes.

14. RED considera esencial reafirmar que la soberanía del Estado español es indivisible y que la articulación del Estado en Comunidades Autónomas, al tratarse de un derecho que reconoce y garantiza la propia Constitución, emana de la voluntad de todos los ciudadanos españoles y no de la voluntad de aquellos ciudadanos que circunstancialmente residan en una determinada Comunidad Autónoma.

15. Por ello, RED considera que la descentralización política, administrativa y económica de España es un mero instrumento, no un fin en sí mismo, y que sólo resulta útil si sirve para mejorar la articulación del territorio español, internamente y dentro de la UE, para aumentar la eficacia de las distintas Administraciones en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, y para promover la igualdad entre todos los españoles y residentes, con independencia de su lugar de nacimiento, de sus sentimientos de pertenencia o afecto y de la Comunidad Autónoma en la que circunstancialmente residan.

16. En consonancia con lo anterior, para RED la racionalización del Estado autonómico debería concretarse en la reforma del Senado, para constituirlo en verdadera cámara de representación territorial, y en el cierre del proceso de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas, a fin de mantener un Estado eficaz y viable, determinando las competencias intransferibles del mismo y suprimiendo o modificando el artículo 150.2 de la Constitución, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado. Asimismo, debería impulsarse la recuperación del ejercicio de las competencias estatales comunes al conjunto de los españoles, incluso en materias como educación y cultura, en consonancia con los artículos 1, 149.1 y 150.3 y 14, 9.2, 19, 3 y 31 de la Constitución.

17. Para RED, el grado de descentralización política, administrativa y económica alcanzada por el Estado de las Autonomías a comienzos del siglo XXI, muy similar, o incluso superior en algunos aspectos, al existente en estados federales como Alemania y los Estados Unidos, debería perfeccionarse para establecer una clara división de competencias entre las diversas administraciones públicas: central, autonómicas y locales. En ningún caso, la distribución competencial debe emplearse para resolver agravios ancestrales o conflictos imaginarios instrumentados por las ansias de poder de grupos locales organizados, sino para diseñar un modelo que progrese hacia una sociedad políticamente más libre, socialmente más cohesionada, justa y participativa y económicamente más eficiente. Esta concepción, en la que las instituciones nacionales tienen reservado un papel central en la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, es incompatible con la lógica confederal o con un Estado permanentemente abierto a cambios en la articulación territorial, que RED rechaza por completo.

18. De acuerdo con los principios generales enunciados, RED promoverá cuantas iniciativas se encaminen a alterar la distribución de competencias y recursos entre el Estado Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, siempre y cuando ello redunde en una mejor articulación del Estado en su conjunto, promueva la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos y aumente la eficacia en la prestación de los servicios públicos (seguridad, justicia, sanidad y educación, atención a niños y personas mayores, etc.) ; y, al contrario, RED se opondrá a todas las iniciativas que contradigan estos principios y mantengan, refuercen o fomenten los privilegios de algunas Comunidades Autónomas sobre la base de supuestos derechos históricos o diferencias lingüísticas.

19. Para RED es crucial que las Comunidades Autónomas cuenten con recursos propios para poder planificar con rigor sus actuaciones y para que los ciudadanos puedan exigirles responsabilidades por su gestión. La suficiencia financiera de todas y cada una de las Administraciones estatales (Administración central del Estado, autonomías y administración local), así como la optimización en la gestión, la asignación y la inversión de los recursos públicos son condiciones imprescindibles para que el Estado en su conjunto pueda abordar con eficacia las tareas de consolidación de libertades, protección de derechos y redistribución de las oportunidades que le son propias.

20. RED considera prioritario que, en cumplimiento del artículo 142 de la Constitución,” las Haciendas Locales dispongan de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas.” RED aboga porque el grueso de estos recursos se destinen a los Municipios y sean propios para que alcaldes y concejales sean responsables de su gestión ante los ciudadanos. La dependencia de las Corporaciones Locales de la recalificación de terrenos para afrontar sus penurias económicas ha sido y es una de las fuentes principales de corrupción política y fraude fiscal en España.

21. Las Comunidades Autónomas han de participar lealmente en todos las instituciones del Estado donde así esté previsto y fomentar las buenas relaciones, no exentas de una sana competencia, entre todas ellas. Concebir las relaciones entre el Estado y cada una de las Comunidades como una relación bilateral, además de ser contrario a la Constitución y al principio de igualdad fiscal consagrado en el artículo 31 de la Constitución, genera agravios comparativos y antagonismos que en nada favorecen la convivencia armónica entre los ciudadanos españoles residentes en distintas Comunidades. RED apoyará cualquier iniciativa legislativa encaminada a eliminar las discriminaciones de carácter territorial presentes en el ordenamiento jurídico español y se opondrá a la aprobación de normas susceptibles de crear otras nuevas.

22. Las Comunidades Autónomas y los Municipios están obligadas a respetar las libertades de pensamiento y expresión de los ciudadanos que viven en su ámbito territorial. En aquellas Comunidades donde la Constitución y los estatutos de autonomía reconocen la existencia de dos lenguas cooficiales, los ciudadanos tienen el derecho a expresarse en cualquiera de ellas, así como a ser atendidos por las Administraciones Públicas y recibir educación en la lengua de su elección. RED se compromete a presentar iniciativas legislativas para lograr que todos los ciudadanos puedan ejercitar estos derechos con normalidad, sin que tengan que solicitarlo expresamente o puedan ser por ello discriminados. RED promoverá la derogación de las leyes y reglamentos que amparen la discriminación lingüística y protegerá a los ciudadanos contra el intervencionismo de las administraciones territoriales en esta materia, oponiéndose con firmeza a cuantas subvenciones y premios alimenten el clientelismo excluyente en ámbitos empresariales, asociativos, científicos y culturales.

22. RED propone como objetivo prioritario de las políticas públicas garantizar los derechos sociales básicos y establecer las condiciones que permitan a todos los ciudadanos desarrollar sus potencialidades creativas, con independencia del lugar de nacimiento y de la Comunidad en la que residan, sexo, estado civil, etnia, creencias religiosas, recursos económicos y otras circunstancias personales.

23. Para lograrlo, las políticas públicas se encaminarán prioritariamente a promover el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades. La inversión en educación, investigación, infraestructuras y conservación del medio ambiente serán prioritarias y deberán guiarse por el principio de alcanzar la máxima rentabilidad social de los recursos públicos destinados a financiar estas actividades. RED juzga esencial, para afrontar los retos del siglo XXI y favorecer la movilidad social, contar con un sistema educativo público que, combinando calidad y exigencia, favorezca la igualdad de oportunidades, el esfuerzo y la cultura del mérito. Esta es, en nuestra opinión, la manera más efectiva de facilitar el ascenso social de los alumnos más capacitados, con independencia de su extracción social, y consolidar una ciudadanía libre, educada y autónoma.

24. Los ciudadanos españoles cuentan con un sistema de Seguridad Social altamente desarrollado que les salvaguarda ante las adversidades y situaciones que pueden presentarse a lo largo de la vida (vejez, dependencia, enfermedad, incapacidad, paro, maternidad, obsolescencia laboral, etc.) proporcionándoles prestaciones monetarias y en especie. RED se compromete a mantener y mejorar el actual sistema, impulsando reformas encaminadas a hacerlo más ágil, eficaz y transparente, así como a fortalecer su carácter unitario para asegurar que todos los ciudadanos reciben las mismas prestaciones efectivas con independencia de la Comunidad Autónoma donde residan.

25. El crecimiento de la producción global solo podrá mantenerse si es sostenible. La pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y el cambio climático han sido ignorados hasta hace muy poco tiempo por los economistas y por la sociedad en su conjunto. RED considera recomendable y beneficioso que se contabilicen estos costes para que los ciudadanos tengan una idea más exacta de la renta neta generada por las actividades productivas y la variación real que registra el bienestar de los ciudadanos. Ante la amenaza del cambio climático, RED se compromete a propugnar políticas fiscales y otras iniciativas encaminadas a promover las energías renovables, reducir las emisiones de CO2 y mitigar su impacto medioambiental.